Subastas públicas judiciales: la transparencia es rentable

El pasado 13 de junio de 2014, el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma que desarrollará en detalle el nuevo sistema de Subastas Públicas Judiciales. Hasta aquí, una norma más sin interés aparente.

Sin embargo, ofrece algunas medidas protectoras para el deudor hipotecario que entendemos muy atractivas, siempre y cuando este no opte por jugar en su propia contra.

Entre otras medidas, la nueva ley exige a las subastas extrajudiciales o notariales que la venta se realice mediante una subasta electrónica a través de un portal público.

A día de hoy, este portal aún no se ha creado pero la idea es dotar de mucha mayor difusión y publicidad a las subastas, favoreciendo la mayor concurrencia de posibles compradores. Y, como resultado directo, el lógico incremento de precios que acabe con el ventajismo de los llamados subasteros.

Sin embargo, como decía al comienzo, es importante que el deudor no opte por jugar en su propia contra, y que entienda que cuanto más transparente sea, más facilidades y difusión de para que cualquier persona pueda pujar por su vivienda, más rentable le resultará esta salida.

Me explico. Cuando una vivienda sale a subasta, el deudor hipotecario puede encontrase con que su propiedad se ha vendido por encima de lo adeudado. Con lo cual pierde su casa, pero logra un dinero extra. Cuando se da el caso contrario, y la venta se realiza por un importe menor a la deuda, esta persona además de perder su casa continúa debiendo la diferencia.

Además de la deuda inicial, desde que una persona deja de pagar, hasta que se ejecuta el embargo, se generan muchos gastos de reclamación, costas de abogado y procurador, y sobre todo intereses de demora que son muy elevados. Así, es posible la deuda crezca hasta un 25% desde que se deja de pagar hasta que el inmueble sale a subasta.

Ante este riesgo, nuestra recomendación es que cuando no se pueda pagar una casa, antes de nada, se intente vender. No vale de nada enfadarse con el mundo, prohibir la entrada a los posibles interesados o dañarla intencionadamente. La mejor salida a esta difícil situación es dar facilidades e implicarse en la venta positiva de la vivienda con un único objetivo: obtener el mejor precio posible.

Y puestos a pedir, y a dar sanos consejos, también sería una buena ayuda que el gobierno acorte los plazos de la subasta para evitar que se incrementen las deudas, o mejor aún, que fuera obligatoria la dación en pago.